"En Inglaterra se llama a las escuelas privadas Public Schools; semejante confusión de términos parece haber tomado carta de ciudadanía aquí. En unas declaraciones a la prensa (El Plata, febrero 9, 1956), el actual director del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, profesor Roberto Ibáñez, contestó de esta manera a la pregunta de un cronista en el sentido de si cualquier persona puede consultar el material del Instituto: "No es desde luego un repositorio público. Aunque se abre gustosamente a la búsqueda de los investigadores solventes y serios o de los estudiosos o especializados en temas de literatura".

La circunstancia de que esta declaración sobre un tema tan delicado esté incorporada a un texto periodístico no debe afectar su valor intrínseco. Por el contrario, debe ser considerada como oficial desde el momento que la abundancia de originales que ilustran la nota y las mismas comillas que distinguen las palabras del declarante, permiten suponer no sólo su autenticidad y fidelidad sino hasta la activa colaboración de los interesados en su publicación. Por tal motivo, la declaración asume gran importancia, máxime si se tiene en cuenta que es la primera que efectúa sobre el tema el director del Instituto desde que tomó posesión de su cargo hace unos seis años.

La tesis que sostiene en la declaración arriba citada es que el Instituto no es un repositorio público. No se dice sin embargo qué es, aunque se deja la puerta abierta a las suposiciones. La Ley de creación -que se publicó en el Nº 1, diciembre 1949, de la Revista del mismo Instituto, pp. 519/20- es suficientemente explícita en no establecer para este Instituto un régimen de excepción, como lo hizo sí la Ley de creación del Archivo Artigas. Por lo tanto no se comprende en qué se funda la distinción que pretende establecerse arriba. El Instituto ha sido creado por el Estado y tiene una partida anual de 35 mil pesos. Es público, sin duda alguna.

Lo que tal vez quiera decirse es que aunque público no está abierto a toda clase de público. Y así lo hace suponer la frase siguiente que habla de investigadores solventes y serios. Una comparación con el Museo Histórico puede ayudar a aclarar el punto. También el Museo pertenece al Estado y es sostenido por el Estado. Parte del Museo está abierta a todo público; parte (la Biblioteca, los Archivos) está abierta sólo a estudiosos e investigadores. Para consultar algún libro o algún documento el interesado sólo necesita presentarse al Museo y llenar una ficha. ¿Estas exigencias permitirían afirmar que éste no es un repositorio público? Evidentemente que no. Lo mismo ocurre con el Instituto de Investigaciones Literarias.

Y lo confirma la frase que sigue a la primera. Pero en dicha frase se encuentra una curiosa utilización del verbo abrir en la que, aunque sin descender al ridículo de la crítica hermosillesca, no hay más remedio que detenerse. La frase afirma que el Instituto "se abre gustosamente a la búsqueda de investigadores", etc. Pero, cómo no ha de abrirse si fue creado para eso: para abrirse y no para cerrarse.

Lo que la declaración no dice es cómo se hace para consultar el material del Instituto. En el Museo Histórico basta llenar una ficha. En el Instituto las cosas pasan de otro modo. Por la misma declaración se deduce que el interesado deberá probar que es "solvente y serio", que es "estudioso". Tampoco dice la declaración cómo se determina esa solvencia y seriedad, o si la determina (a su arbitrio) la dirección del Instituto. El tema es sumamente delicado y las omisiones en este sentido lo hacen más delicado aún. Sobre todo, cuando a continuación del error de negar a un Archivo oficial el carácter de repositorio público, a continuación del silencio sobre cómo y quién califica a los investigadores, la declaración agrega estas palabras:

"Desde luego sialgunos materiales en estudio u otros de carácter íntimo deben ser reservados como ocurre en todas partes, ello no limita fundamentalmente las aspiraciones del interesado en conocer temas especiales de nuestras letras". Esta frase declara que hay materiales "reservados": A) porque están en estudio; B) porque son de carácter íntimo. O sea que en vez de aclarar cómo se puede acceder a los Archivos, cómo se califica a un investigador, quién lo califica, la declaración insiste en que ciertos papeles no pueden ser consultados. Es decir: pone otra barrera.

La práctica de estos últimos seis años ha demostrado que el Instituto se cierra más que se abre. Más de una vez se ha negado a investigadores nacionales y extranjero el acceso a materiales que el Instituto custodia (y cómo) so pretexto de que esos materiales eran "reservados", aunque a veces se tratara de materiales expuestos públicamente por el Instituto como es el caso de buena parte del Archivo Rodó o de que esos materiales serían publicados de inmediato por algún funcionarios del instituto en libro que no tardaría quince días en salir a luz. (Para algunos de esos libros esta fórmula de los quince días parece mágica; permite cubrir con ella años y hasta lustros de tozuda ineditez).

Hay una circunstancia que agrava más el error de calificar al Instituto quitándole el carácter de repositorio público o el silencio sobre cómo se califica a un investigador y quién lo califica. En la práctica, la Dirección actúa a su arbitrio. Nada parece limitarla, ni un reglamento interno, ni la circunstancia de que el mismo director sea investigador y como tal vez esté en competencia con las mismas personas a las que califica o descalifica. Por otra parte, el mismo director trabaja para organismos oficiales ajenos al Instituto o para editores comerciales; en esta tarea es un investigador, tan particular como los otros. No cabe censurar que lo sea; cabe asegurar sí que para sus investigaciones privadas o ajenas al Instituto se prevalezca de su condición pública.

En efecto: el Sr. director está preparando una investigación para la Facultad de Humanidades sobre Herrera y Reissig; también está preparando una edición del Proteo de Rodó para la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica (ha declarado que es para la Biblioteca Americana); también anuncia en la misma editorial una edición de Poesías de Herrera y Reissig. Cada uno de esos trabajos afecta parte de los Archivos del Instituto. Puede suponerse que mientras no se publiquen esas investigaciones no se podrá tocar los documentos manejados por el Sr. Director. Esos documentos estarán, para usar el eufemismo, reservados. Lo único que falta es que el Sr. director decida presentase ahora al concurso del Concejo Departamental sobre la Vida de Zorrilla de San Martín para que todo el Archivo Zorrilla quede "reservado":

El Instituto Nacional de Investigaciones y Arribos Literarios ha sido creado por el Estado, con dinero del Estado. Es un repositorio público y no un repositorio privado. Debe estar abierto a todo investigador literario, independientemente de que éste sea persona grata a alguno de sus funcionarios. La circunstancia de que un funcionario (así sea el Dr. Director en persona) esté trabajando -oficial o particularmente- en alguno de los Archivos no puede impedir que este Archivo sea consultado libremente por otros investigadores. Bastaría establecer una fórmula de precedencia o reconocimiento objetivo de quien lo consultó primero para dejar a salvo los derechos particulares (y no públicos) de cada investigador. Toda otra interpretación tiende a convertir un instituto que le ha costado hasta el momento al Estado unos doscientos mil pesos en un instituto "reservado" para mayor beneficio de sus funcionarios."